martes, 23 de octubre de 2012

Igualdad para quién, libertad para qué



Dice nuestra Constitución Española en su Artículo 1.1

"
1.1-  España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."

Vayamos por partes:

La libertad es, entre otras cosas, la posibilidad de actuación del individuo dentro de los límites establecidos por la ley.

La justicia es la aplicación de la ley con principios de equidad y proporcionalidad.

La igualdad es la aplicación efectiva de un marco social que otorgue igualdad de oportunidades para el pleno derecho y disfrute del ámbito social.

Y el pluralismo político es la capacidad de presentar todas y cada una de las opciones políticas que puedan representar a los ciudadanos en los Poderes del Estado, siempre que actúen dentro del marco legal preestablecido.

En el actual contexto socio-político, la libertad ejercida y legislada por los neoliberales, valga la redundancia, menoscaba no sólo el resto de valores constitucionales, sino la libertad en sí misma. La cuestión es que no puede haber igualdad de oportunidades si se recortan los servicios públicos, si se debilita la enseñanza pública, se limita el acceso a los estudios superiores por un criterio estrictamente económico, si la sanidad ya no es universal, si se duplican las tasas judiciales que permiten su acceso, si se deslegitiman las protestas pacíficas debidamente autorizadas, si se coarta el derecho a la información, si se infravalora la libertad de expresión del pueblo del que emanan los poderes del Estado, si se imponen el copago repago abusivo en medicamentos y trámites administrativos vitales. No puede haber igualdad de oportunidades si una parte de la población no puede acceder a la vivienda debido a unos precios abusivos, si las entidades de crédito y préstamo conceden vías de financiación con cuestiones totalmente arbitrarias, si estas entidades de usura ejercen el desahucio con total frialdad, con el beneplácito del Estado, mientras sus cuentas son saneadas con el erario público, unas cuentas que arrojan cifras muy negativas precisamente por acumular propiedades embargadas que no son más que activos inmobiliarios envenenados por ellos mismos, y no pasivos líquidos que salden sus sus propias deudas.

Este es el sinsentido de las últimas décadas de gobiernos neoliberales: la cara amable y falsa del PSOE, la cara ruin y perversa del PP y la alternativa corrupta e independentista de PNV y CiU. Todos han despilfarrado de las arcas públicas aunque de diferente forma. Las privatizaciones de sectores críticos del país se han presentado como la única opción posible para la viabilidad económica, en vez de racionalizar el gasto y perseguir la corrupción que se ha ido afincando en todos los estratos de la sociedad. Dicho de otro modo, se podía, y se puede, sanear un sector deficitario siempre que se administren los fondos con escrupulosa profesionalidad, apartada del populismo demagógico y los intereses personales.


Haciendo una metáfora delirante, es como si los padres de una familia consideraran que el dinero empleado en el material escolar de sus hijos fuera un gasto totalmente inviable, y no una inversión de futuro. Aplicaría el recorte necesario para la sustentabilidad de la economía familiar, dejando sin libros de texto de mates e historia, yendo al ikea a por lápices gratuitos, sustituyendo el cuaderno por la cara no impresa de los folletos publicitarios, mientras se sigue pagando la televisión por cable para ver las fiestas de San Isidro y se coge el flamante deportivo hasta para ir a cagar. Luego, en el bar, comentaría al resto de colegas que no llegaba a fin de mes y que, aunque no fue de su agrado haber tomado esas medidas, eran totalmente necesarias para el futuro de su familia.

Para que vean el sinsentido, se han construido aeropuertos sin pasajeros, estaciones sin trenes, autovías a ningún lado, hospitales en lugares donde ya había otros que tenían cobertura suficiente, museos sin exposiciones, palacios de congresos megalómanos en poblaciones modestérrimas, obras de arte millonarias para adornar glorietas, y un sinfín de inversiones ruinosas que han destruido nuestro patrimonio público. Si se han construido en la última década múltiples aeropuertos exageradamente deficitarios, la solución del anterior gobierno de Zapatero fue privatizar parcialmente AENA, con la venta de los aeropuertos de Barajas y El prat, precisamente los dos aeropuertos más rentables de España. Si se sabe que los culpables de la actual crisis han sido los bancos y el fraude fiscal, pues se amnistían a los defraudadores y se nacionalizan las deudas de las entidades bancarias, previa indemnización millonaria de sus directivos, obviamente. Así lo entiende el PP.

Entre unos y otros, se han ido aplicando recortes y más recortes, subidas de impuestos indiscriminadas, apartando del debate público las SICAV, modificando la Constitución Española para que el pago de la deuda contraida por la nación se ejecute con la máxima prioridad, no así para modificar una ley electoral que claramente beneficia a los dos grandes partidos y que pone en tela de juicio el propio sistema democrático.

Si la libertad solo puede ser ejercida por quien tiene fondos suficientes para ello, si se merma lo público y se subvenciona lo privado, se llega a que la igualdad es sólo un concepto teórico completamente apartado de la realidad. Con una libertad sesgada y una igualdad inexistente, no hay justicia posible. Y del pluralismo político real mejor ni hablamos: qué más dá que vote a PP o PSOE, a PNV o CiU, si en el fondo todos son marionetas del poder económico...

El día que se nacionalice la banca, el sector energénico, las telecomunicaciones, los colegios y hospitales, se eliminen las SICAV, se castigue con cadena perpetua la corrupción política y fiscal, y se reparta la carga de trabajo hasta llegar al desempleo cero, entonces, sólo entonces, hablaremos de constitucionalidad.


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